El juez del ‘caso Dina’ acusa a Pablo Iglesias de inventarse una conspiración para presentarse como víctima | España


El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, este martes.
El vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, este martes.POOL MONCLOA /

A lo largo de 63 páginas de exposición razonada, el juez Manuel García Castellón carga con extrema dureza contra el vicepresidente Pablo Iglesias, al que sitúa detrás de una campaña “falsaria” orquestada supuestamente por Podemos para presentarse de forma “torticera” en el caso Dina como víctima de las cloacas del Estado. El juez no pierde ocasión de hablar del “ardid simulado ante el tribunal”, “denuncia falsa” o “simulación de delito” en referencia a él, y de “uso torticero del proceso penal” y “temerario desprecio hacia la verdad” en el caso de algunos de sus colaboradores.

El juez señala en su escrito que Pablo Iglesias, “que había visto la tarjeta de Dina Bousselham, conocía que la publicación era el resultado de una filtración, y que las imágenes publicadas habían sido previamente enviadas por la señora Bousselham a terceras personas”.

Convencido de que Iglesias ha tratado de engañarle, el magistrado de la Audiencia Nacional le atribuye hasta cuatro posibles delitos en unas intrincadas pesquisas que arrancaron como pieza separada del caso Villarejo, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía envía el 19 de marzo de 2019 un informe al juez donde detalla que ha encontrado en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo una copia de la “extracción de datos” del móvil de Bousselham, cuyo robo había denunciado ella misma en 2015 (cuando aún era colaboradora de Iglesias).

Al principio, García Castellón, que aprecia coincidencias exactas entre el material presuntamente sustraído y lo publicado después en varios medios (como Okdiario), decidió averiguar si Villarejo cometió un delito al filtrar esa información o, incluso, si se encontraba detrás de una operación para robar el móvil. Una línea de investigación que marcó el eje de las pesquisas en los primeros meses, cuando llama a Iglesias a testificar como víctima, condición que después le retiraría y que recuperaría gracias a un fallo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El líder de Podemos acudió, de hecho, el 27 de marzo, cuando solo faltaba un mes para las elecciones generales. “Se trata de una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios”, dijo tras declarar. Palabras que ahora se han vuelto en su contra.

Porque todo da un giro en mayo de este año. Con la causa estancada ante la imposibilidad de probar si Villarejo está detrás de la filtración a otros medios o del robo y tras imputar a dos periodistas de Interviú que facilitaron al comisario la copia de la tarjeta, se cita de nuevo a Bousselham, que entra en contradicción al reconocer por primera vez que, antes de que le robaran el móvil, ella misma había hecho capturas de pantalla de los chats que luego fueron difundidos en prensa, y que, incluso, los reenvió. La exasesora también cuenta que, cuando recibió de Iglesias la tarjeta, estaba dañada. Esos detalles hacen recelar al juez, que imprime la primera vuelta al caso: decide centrarse en qué hay detrás del daño que presentaba la tarjeta y en la versión de Podemos. El escrito enviado este miércoles al Tribunal Supremo recoge sus conclusiones y los delitos que atribuye a Iglesias, que se encuentra aforado al ser diputado y miembro del Gobierno.

Descubrimiento y revelación de secretos. Castigado con entre uno y cuatro años de prisión, el magistrado considera que Iglesias accedió sin consentimiento a datos y archivos personales de Bousselham cuando el presidente del Grupo Zeta le entregó la tarjeta del móvil de su antigua asistenta —que había llegado a sus manos— y el líder de Podemos decidió guardarla durante meses, hasta que Okdiario comenzó a publicar una parte. Según el juez, hubo un “apoderamiento” de ese contenido “íntimo y personal”. Con la agravante de “razones de género”, apostilla García-Castellón, que recuerda que el vicepresidente dijo en una entrevista que no le dio la tarjeta antes a su dueña para “no someter a Dina a más presión”.

El juez admite que para poder investigar este delito se requiere una denuncia previa del afectado, y añade que debe ser el Supremo quien pregunte a Bousselham si quiere emprender acciones. El instructor entiende que la excolaboradora de Iglesias “ha evidenciado en este procedimiento su voluntad de proceder por este delito”, aunque ella nunca se ha dirigido contra su exjefe e, incluso, lo ha defendido en algún escrito.

Daños informáticos. Otra de las claves es el estado de la tarjeta de móvil que Bousselham recibió de manos de Iglesias. El magistrado cree que el vicepresidente, durante el tiempo que la guardó, la dañó “con ánimo de dejarla inservible”. “Procedió a inutilizar el dispositivo”, subraya, pese a que reconoce que, “hasta el momento”, no ha podido recabar “una prueba directa de la destrucción material de la tarjeta por parte del aforado”. Es decir, una prueba de que fue Iglesias quien dañó el dispositivo. Aun así, “existen elementos de cargo suficientes para poder atribuirle” los daños —un delito castigado con una pena de seis meses a tres años de cárcel—.

La tarjeta bajo sospecha, que la colaboradora entregó finalmente a la Audiencia Nacional, presentaba un deterioro externo que el juez, tras mandar investigarlo, admite que se debe al “lijado” que hizo una empresa de Reino Unido con la que Bousselham contactó para recuperar el contenido. Pese a ello, insiste en que existe un “fallo” previo. Aunque tampoco “se ha podido determinar qué le pasó, por qué no funciona”, reconoce el juez, que detalla estos extremos después de que cursase una orden internacional para que la compañía británica explicase su versión. También pidió un nuevo informe a la Policía sobre el dispositivo electrónico.

Dos pesquisas que no prosperaron. La empresa de Reino Unido detalló que, cuando recibió la tarjeta, estaba “físicamente intacta”. Y la Policía Científica coincidió en que el “lijado” que presentaba al llegar a la Audiencia puede coincidir con los procesos de recuperación a los que la sometió dicha compañía: “Al no poder realizar la lectura del contenido de la memoria no se puede determinar si existen daños previos”, añadieron los agentes en un informe del 12 de agosto de 2020, conocido semanas antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiese devolver a Iglesias la condición de víctima en este caso, contradiciendo así a García Castellón, que se la había quitado en julio.

Denuncia falsa o simulación de delito. El magistrado plantea que Iglesias pudiera incurrir también en alguno de estos dos delitos o en ambos. El primero acarrea hasta dos años de prisión y el segundo una multa. En opinión de García Castellón, el vicepresidente y Podemos trazaron toda una estrategia para presentarse como víctimas de las “cloacas del Estado”. Lo que incluyó, añade, “la simulación y el uso torticero del proceso penal” al denunciar en los tribunales a la web Okdiario a sabiendas “de que no existía conexidad entre las imágenes publicadas por el digital” y la desaparición del móvil de Bousselham. “No pretendía esclarecer ni un delito de hurto, ni un delito de descubrimiento o revelación de secretos, sino actuar contra el diario digital”. Iglesias “sabía que Dina era el origen” de la filtración, sostiene el juez, que recurre al testimonio dado por José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido enfrentado con su cúpula, que habló de “montaje”.

Los magistrados de la Sala de lo Penal recalcaron en su fallo, fechado el 16 de septiembre, que “no hay pruebas” que sustenten las “alternativas” planteadas por el instructor. Además, añadía la Sala, las “hipótesis alternativas” planteadas no serían, en su caso, competencia de la Audiencia Nacional, al haberse cometido presuntamente los hechos fuera de la organización criminal investigada y por personas ajenas. De alguna forma, ese fallo a su favor es el que se ha vuelto contra Iglesias, pues ante tal resolución, el juez decidió frenar sus pesquisas y elevar sus sospechas al Tribunal Supremo, que tiene ahora en sus manos el futuro del actual vicepresidente segundo del Gobierno.