Madrid vuelve a recurrir la anulación de la venta de 3.000 casas de vpo a fondos buitre


La Comunidad de Madrid ha vuelto a recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación de la

venta

de casi 3.000

viviendas

públicas
por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Azora, en 2013.
La construcción de estas 2.935 viviendas públicas -32 promociones en 11 municipios- fue auspiciada por la expresidenta Esperanza Aguirre quien las publicitó como soluciones en régimen de alquiler, alquiler con derecho a venta para jóvenes, y alquiler con derecho a venta en general. Su apuesta, no obstante, duró poco ya que en 2013, con las arcas públicas menguadas por la crisis, su delfín, Ignacio González, firmó su venta al fondo Encasa Cibeles por 201 millones.







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Se trata de una situación que los abogados de los afectados ya esperaban aunque no por ello han dejado de criticar. “Hay que tener poca vergüenza y ganas de seguir alargando la agonía de miles de familias para seguir recurriendo lo que ya ha dejado el Tribunal Supremo más claro que el agua: la venta de la vivienda pública fue irregular y debe anularse en su totalidad”, ha señalado en sus redes sociales Alejandra Jacinto.

En diciembre pasado, el Supremo inadmitió los recursos de casación interpuestos por la Comunidad y Azora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló esa operación, llevada a cabo durante el Gobierno de Ignacio González (PP).
La Sección Octava del TSJM que lo revocó elevó el valor de la venta inmobiliaria a 200 millones de euros.









Justamente, el recurso de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, fechado el 13 de enero de 2020 y al que ha tenido acceso Europa Press, pretende que se admita el recurso que presentó el Ejecutivo regional y que fue rechazado por el Supremo el mes pasado al considerar el Tribunal que el asunto no requería de su pronunciamiento.
La Abogacía subraya que este procedimiento afecta a miles de personas y no se ha producido, pese a haberse solicitado, un pronunciamiento sobre el alcance del fallo y sobre la necesidad de emplazamiento de los terceros interesados, por lo que es “indispensable” que el Supremo dictamine al respecto.
En sus alegaciones, la Comunidad entiende que dicho auto adolece de “graves vicios” y plantea que los efectos de una anulación solo deben afectar al arrendatario, “cuyo interés legítimo es que se anule la venta de su vivienda y no la de terceros, que ni han recurrido e incluso han comprado su vivienda de común acuerdo con el adjudicatario”.
Solo uno de los inquilinos de estas viviendas, Rachid Boukoui, recurrió ante el TSJM la venta del Ivima, que falló a su favor en 2018 y anuló la transmisión del contrato de alquiler del demandante, lo que es un precedente para el resto de familias en la misma situación.







En definitiva, sostiene la Abogacía en su recurso, el razonamiento empleado por el auto del 29 de noviembre (legitimación para recurrir al modificarse el régimen jurídico de la vivienda, que pasa de público a privado) resulta ajeno a la cuestión suscitada -alcance de los efectos de la sentencia- y por tanto no puede ser empleado como argumento para inadmitir la casación.
Recuerda que la Comunidad solicitó al TSJC y después al Supremo el alcance de una sentencia estimatoria, es decir, si la aceptación de un recurso que interpone uno de los ocupantes de las 2.935 viviendas, afecta y supone la nulidad de la transmisión de todas las demás o solo afecta al recurrente.


Solo uno de los inquilinos recurrió ante el TSJM la venta del Ivima, pero es un precedente para el resto de familias en la misma situación









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